Antecedentes de Historia, Economía y Estado 
para una sociología de los intelectuales

Por Rodolfo Bledel*


Introducción

Cuando los intelectuales y universitarios franceses salieron a las calles de París en mayo de 1968 acuñaron, en su prédica de liberación respecto del statu entonces vigente en Francia, una serie de frases de gran resonancia política. Una de ellas decía: “los intelectuales al poder”.

En verdad los hombres de la intelectualidad, en todas partes del mundo, han llegado a ser asesores o confidentes de quienes han ejercido el poder público, pero difícilmente lo alcanzaron desde posiciones institucionales de gobierno. La historia revela que han sido otras clases sociales las que lo consiguieron, como ser los profesionales de la política, los líderes sindicales, los detentadores de riqueza o los jefes de las fuerzas armadas. ¿No habrá llegado el momento de que los intelectuales tengan su reconocimiento institucional para gravitar directamente en el destino de los pueblos?

Podrá afirmarse que los intelectuales tienen presencia actualmente por su obra escrita, por ejercer la cátedra o por asesorar a quienes ejercen el poder. Así lo revela la obra que han realizado, entre otros, los politólogos, los economistas y los juristas, que se traduce muchas veces en la formulación de políticas de gobierno.

Pero han influido en el orden de las ideas, con todo lo que esto tiene de constructivo, sin poder ejercer su aplicación práctica en las cuestiones de Estado involucradas. Darles un sitio para ello parece una idea que tiene futuro; por lo menos, dejémoslo formulado como un esperanzado proyecto. Quizá la paz del mundo y un mejor nivel de vida de los pueblos se logrará el día en que los intelectuales ocupen puestos clave en los gobiernos.


Platón y los políticos intelectuales (regentes filósofos)
               
Werner Jaeger, en su ejemplar libro titulado Paideia, los ideales de la cultura griega (1), aborda el pensamiento platónico en toda su amplitud, incluida la función del político- intelectual en sociedad.

Según Platón, la educación debería estar dirigida a formar hombres más seguros y más valientes, quienes serían los futuros “regentes-filósofos”, aquellos …más aptos para “el juego ágil de la dialéctica”. Señalaba la conveniencia de que la elección del candidato recayera a edad temprana, con miras a “ponerlo un día al frente del Estado”. La enseñanza, sostenía, debía comenzar en la misma infancia y en su formación interesaba involucrarlo tanto con la teoría como con la práctica.

Se incurre, a veces, en el error conceptual de atribuir a Platón una posición exclusivamente idealista. Como buen filósofo, se adentraba tanto en lo ideal como en lo práctico, en una integración tanto trascendental como ponderada.

El futuro gobernante, el regente-filósofo, afirmaba, debía tener una importante formación dialéctica (expresión originariamente derivada de diálogo), basada en una sólida educación política y en el conocimiento profundo de la filosofía griega desde Sócrates y además, debía captar los ideales de una comunidad como una cuestión prioritaria. Sobre el particular, Jaeger abre un apartado en su libro que titula “El Estado en nosotros” (2)  . Platón estimaba que quince años era el período de tiempo necesario para lograr el ejercicio de la dialéctica, cuyos estudios debían ser impartidos tanto al hombre como a la mujer.


El fin de la Edad Media
               
Durante el largo sueño místico de la humanidad en el Medioevo, las autoridades eclesiásticas interpretaron y transmitieron lo que entendían eran mandatos de vida emitidos por la Providencia para modelar la personalidad de sus feligreses y establecer normas de conducta social. Al fin de la Era, surgió Santo Tomás de Aquino (1225-74), teólogo y filósofo italiano, con su Suma Theologica (1267) y se constituyó en el intelectual más significativo y relevante del período. Fundado en Aristóteles por medio de las lecturas de Averroes, fue quien mejor resumió el pensamiento medieval. Su obra linda con la frontera que lo separaba apenas de los nuevos racionalistas que antecedieron  a los renacentistas. Existe en su pensamiento un aire de modernidad que han destacado en nuestros días escritores como E. Gilson y J. Maritain. Esta cualidad de la Suma Theologica fue la que llevó al Papa León XIII a declararla la filosofía oficial de la Iglesia Católica (3).


El intelectual de la época contemporánea
               
A fines del siglo XVIII, dos acontecimientos políticos trascendentes marcaron el comienzo de una era histórica; estos sucesos son la declaración de la independencia estadounidense de 1776 y el pronunciamiento francés de 1779. En el campo de la cultura, emerge la llamada Modernidad o Iluminismo, que entroniza la razón en el discurso filosófico. Emmanuel Kant, con la Crítica de la razón pura pone su sello intelectual a la época. Su influencia alcanzó a quienes se dedicaron al estudio del hecho social, principalmente aquellos de naturaleza económica. En esta materia, Adam Smith (1823-90), profesor de filosofía social (moral philosophy), después de ocuparse de las características de la personalidad del hombre en la esfera de los sentimientos e impulsos egoístas, abordó la cuestión de su sostenimiento físico-espiritual, que él llamó Economía Política (4).
                
Smith no sólo ejerció la cátedra en la Universidad de Glasgow, donde enseñaba como recordamos filosofía social, sino que simultáneamente tenía a su cargo la presidencia de la Sociedad Real de Filosofía de Gran Bretaña. El filósofo David Hume, que fue su colega académico en la Universidad de Glasgow, lo acompañó también como secretario en la referida Sociedad Real de Filosofía. Al recordar estos antecedentes del fundador del liberalismo económico y su formación humanística, no se puede menos que sonreír cuando se piensa en los economistas liberales de nuestros días, tan propensos a rechazar las consideraciones filosóficas.
                
Con la extinción de las corporaciones medievales y el incremento de las actividades comerciales e industriales, en buena medida por la aplicación de la máquina a vapor, surge un proceso económico- social, la denominada Revolución Industrial.
               
 Existió, además, una nueva cuestión de naturaleza política. Con la sanción  en Gran Bretaña de la ley electoral en 1832, se otorga el voto y el derecho a ser elegido representante popular a quien disfrutara de una determinada capacidad económica fijada por el alquiler que abonara por su vivienda. Surge así la clase de los burgueses, que enfrentó a la dominante clase de los aristócratas-terratenientes.
                
Con el crecimiento industrial se producen importantes desplazamientos demográficos en las ciudades. En pocos años Manchester y Liverpool superaron los cien mil habitantes.
                
Gran Bretaña se había constituido en el primer productor industrial del mundo, con un amplio dominio sobre los mercados para la colocación de sus productos.


Apertura ideológica a fines del siglo XIX

La Revolución Industrial, que había transcurrido durante el siglo decimonónico, produjo, a la par del progreso económico, una situación histórica original que se sintetizó en la expresión “cuestión social”. El crecimiento del poder empresarial y su conducta con respecto a sus obreros, fue paulatinamente cuestionado por los movimientos obreros nacientes y por los líderes políticos socialistas.
                
La obra de Carlos Marx y de Federico Engels y la declaración de ambos conocida como el Manifiesto comunista fueron ampliamente difundidas. La influencia alcanzó a Gran Bretaña y otros países de Europa. En la primera, un grupo de intelectuales simpatizantes del nuevo ideario político-social crea la Sociedad Fabiana. Entre sus fundadores estaban el dramaturgo Bernard Shaw y el matrimonio formado por Sidney y Beatrice Webb. Esta pareja patrocinó la creación de la London School of Economics, una universidad privada que ha llegado con gran prestigio a nuestros días y de la que han egresado personalidades en las áreas económica, política y social.
                
A fines del siglo XIX, un nuevo cuadro social caracterizó el estadio histórico de los países más ricos. La concentración de capital en cabeza de la naciente clase burguesa, lanzada a la maximización de las ganancias, llevó a un trato riguroso y poco considerado de la clase obrera. Esta situación desencadenó agitaciones populares fomentadas por este sector que, aparte de vivir en condiciones a veces infrahumanas de labor, carecían de un estatuto legal para constituir sindicatos.                                                        


Crisis del liberalismo
               
Al cuadro social que se acaba de señalar se agregó, en 1914, la Primera Guerra mundial. Gran Bretaña fue la primera nación europea en establecer severos controles sobre la economía nacional. El Estado fue dotado de poderes para intervenir sobre ésta, fundado en razón de la emergencia bélica. Para cumplir con sus fines, se dotó al gobierno de regímenes de derecho administrativo que fueron objeto de críticas por parte de los constitucionalistas. Se consideró que ello implicaba un avance sobre un principio liminar del derecho británico, la primacía del derecho común del ciudadano. Terció en el caso el mismo presidente de la Corte Superior de Justicia, Corte que forma parte de  la Cámara de los Lores.  Lord Hewart escribe entonces  un libro que titula El nuevo despotismo (5) . Así calificaba el avance de la nueva legislación administrativa. Esto causó una conmoción pública que llevó al gobierno a constituir una comisión de estudio sobre la cuestión, que produjo un Informe, un documento público de primer orden (6).
                
De todos modos, el tema había echado raíces institucionales y tendía a consolidarse. En estas circunstancias, el profesor titular de economía de la Universidad de Cambridge, Arthur Pigou publica en 1920 su libro La economía del bienestar (The economics of welfare), el cual sentó las bases de una distribución moderna de la renta nacional.


La experiencia estadounidense. Surgimiento del estado de bienestar
               
Este crucial problema de Estado surgirá pocos años después en los Estados Unidos con motivo del desencadenamiento de la crisis económico-financiera iniciada en 1929.
                
El candidato presidencial triunfante, F.D. Roosevelt asume en 1932 en medio de una debacle financiera que sume al país en una crisis económica desconocida en el pasado. Se elevan proyectos de ley al Congreso para que los sancione en un plazo de cien días.  Estos proyectos estaban referidos a la recuperación (recovery acts) industrial, agrícola, a la emergencia bancaria y a la seguridad social. Una vez aprobadas las leyes, se facultó al poder ejecutivo a sancionar “códigos de aplicación” de la legislación, los cuales a poco de entrar en vigencia fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia con el fallo del caso Schehter. De este modo se inició una desinteligencia entre el Ejecutivo y la Corte que provocó el retiro de algunos de sus miembros del alto tribunal.
                
El Presidente se rodeó, para el cumplimiento del New Deal, de un grupo de intelectuales de primera línea. Producidas algunas vacantes en el tribunal superior de justicia, los cargos fueron cubiertos por los profesores Felix Frankfurter, de la Universidad de Harvard y por William O. Douglas, de la Universidad de Yale.
                
En el equipo de gobierno figuraron dos destacados profesores: James Landis, quien ocupó durante la guerra puestos administrativos y años después fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y Adolph Berle, de la Universidad de Columbia. Éste último organizó la comisión, que investigó la conducta de las grandes empresas en la emergencia de la crisis económica, conocida por la sigla TNEC .
                
La experiencia de Estado que representó el New Deal, con una precisa intervención del gobierno sobre la distribución de la renta nacional con relación a los salarios y al consumo de los bienes primarios de las poblaciones, implicó acreditar el modelo del Estado del bienestar.
                
En el campo teórico tuvo una aceptación sumamente generalizada e inspiró otras ideas, como la del desarrollo económico. Hasta entonces, el análisis para resolver cuestiones de crisis contaba con el esquema clásico de las funciones típicas que se desenvuelven en torno del mercado, a saber, producción (con sus factores naturaleza, capital y trabajo), distribución y consumo.

El nuevo método del desarrollo se fundó en el conjunto de estructuras o variables que lo integran. Las más importantes son: población (estructura motriz), capital en bienes y capital tecnológico que dependen de las inversiones públicas y privadas. Una ilustración comparativa sobre su aplicación a economías con distintos grados de desarrollo permite comprender el valor del método. Las variables son estimadas según experiencias históricas dadas. Una pauta diferencial sobre la tasa demográfica de crecimiento revela que mientras en un país europeo es de 0,7% anual (Suiza), en un país asiático es de 3,5% en el mismo período.

Ambos métodos, el del mercado y el del desarrollo, son de aplicación simultánea en el análisis de una economía moderna. Con el primer modelo se logró teorizar antiguamente una economía estática; con el segundo se alcanzó en forma metodológica el estudio de la economía dinámica (7); se cuenta así con mayores elementos para el análisis económico de las crisis y de la planificación económico-social.


Declinación temporaria de la economía del bienestar
               
Cuando se inició el período de reconstrucción en los países afectados por la  última contienda mundial, desde los centros de poder económico capitalista tuvo comienzo una campaña de prédica a favor de la restauración de un liberalismo ortodoxo. Se exaltaron los dogmas clásicos del sistema y se formaron grupos de intelectuales que tenían como objetivo su divulgación pública. En Suiza, en el año 1947, se constituyó con aquel fin y por iniciativa de economistas liberales de diversos países, la Sociedad de Mont Pélérin. Fueron miembros fundadores de la entidad F. Hayek, L. Baudin, L von Misses, A. Hunold y M. Friedman, entre otros.
                
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han adherido a las postulaciones de esta escuela al realizar los asesoramientos técnicos a sus países-miembros. Con relación a las economías en desarrollo, que han adoptado en décadas recientes una economía del bienestar, son para esos entes cuestiones centrales: a) el desmontaje del intervencionismo estatal del proceso económico y b) la privatización de las empresas que constituyen el sector público de sus economías. Su meta ha sido el fin del Estado de bienestar.
                
Se procura abatir instituciones fundadas en principios racionales y progresistas, dentro de la tradición modernista. Jurgen Habermas y Jean Piaget fueron adalides en la lucha que entablaron contra quienes surgieron, principalmente en Europa, esgrimiendo argumentos posmodernistas, bajo el lema simplista de que “todo vale”. Esta idea llegó a trascender entre los políticos pragmáticos que se identificaron con el interés económico y el afán de lucro del capitalismo transnacional.
                
La concreción de esta política, en el plano internacional, fue expresada en el Consenso de Washington por la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Tatcher y el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en la década de los ’80. Entonces declararon “la esperanza” (sic) de que el capitalismo moderno se construya sobre las bases de un sistema libre y activo. Son conocidos los abusos que se han cometido en nombre de este enunciado y que han afectado, en particular, a los países de economía dependiente y, en general, a la economía mundial.


Una cuestión semántica: la denominación “neoliberalismo”
               
Los economistas montpelerianos se han apropiado, para calificar su posición doctrinaria del vocablo “neolibelalismo”. En rigor de verdad son ultraliberales, exaltan sin medida al sistema clásico liberal, que es el modelo que las potencias anglosajonas han adoptado a fines de siglo.
                
La denominación originariamente fue utilizada para calificar a la economía del bienestar. Se entendió que con ella se había operado una reforma institucional al sistema de libre mercado, fundamentalmente sobre su aparato distributivo. Esto significó introducir un elemento socializador en el sistema.
                
En esta experiencia, el liberalismo económico fue sometido a un proceso de transformación institucional para acomodarlo a una realidad social distinta de la que debió afrontar en momentos de su creación y durante el siglo XIX. Esa experiencia se inspiró en un reformismo social y en la necesidad, ante los progresos tecnológicos, de determinar un nuevo perfil de civilización.
                
Por estas razones la partícula “neo” agregada a la palabra liberalismo corresponde exclusivamente a la economía del Estado de bienestar, que nada tiene que ver conceptualmente con la economía ultraliberal reaccionaria de nuestros días, a la que empero se adjudica corrientemente su uso.

 El ascenso industrial de la sociedad contemporánea ha tenido una influencia decisiva sobre la normatividad jurídica de los países y el comercio entre éstos.
                
En esas circunstancias surgió el derecho económico que, desde sus comienzos, se apoyó en el brazo fuerte del derecho público, para sustentar su autonomía jurídica. El derecho económico ha fundado planes nacionales económico-sociales que, conjuntamente con la interrelación de regímenes jus-económicos especiales (derecho monetario, bancario, aduanero, etc.), ha completado su caracterización como rama jurídica.
                
En cuanto el comercio entre países, cabe señalar el hecho negativo del avance de la globalización impuesta al mundo por las naciones altamente industrializadas sobre regiones que cubren países en desarrollo, con grave daño para sus economías, como ocurre con el proyectado ALCA, concebido bajo la tutela política del gobierno estadounidense. Dada esta experiencia debe defenderse la independencia del MERCOSUR.


Reacción política y doctrinaria contra el ultraliberalismo
               
La política económica ultraliberal adoptada por algunos países en años recientes, como fue el caso argentino durante las décadas finales del siglo XX por imposición del Fondo Monetario Internacional, han llevado a los pueblos a crisis económicas crónicas, con la secuela de millones de desocupados, quiebras de establecimientos industriales, reducción de recursos con fines educativos, desnutrición física y otras dolencias.
                
En centros de investigación de países de economías en desarrollo, la crítica al ultraliberalismo ha sido unánime. En algunos casos han surgido movimientos universitarios que han producido documentos de gran resonancia pública. En la Argentina se elaboró el Plan Fénix, obra de un grupo de profesores y académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Resulta también destacable el tratamiento que sobre el tema ha realizado el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), por medio de su cátedra y de su revista Realidad Económica.
               
El resurgimiento en Gran Bretaña de la figura de John M. Keynes, tanto en el  plano gubernamental como en los centros de estudio, resulta también sumamente significativa de la referida reacción. Sobre él existía una biografía escrita años atrás por R. F. Harrod (ed. 1951) y a fines de siglo se han publicado dos nuevas, una de Robert Sidelsky, en dos tomos (ed. 1986 y 1992) y otra de Donald E. Moggridge (ed. 1991).
                
Asimismo, el actual gobierno británico ha limitado el compromiso asumido en el Consenso de Washington ante el proyecto anunciado por el ministro del Tesoro, Gordon Brown, en la conferencia pronunciada en la Royal Economic Society, en la primavera del año 2000, cuando anticipó que el ministerio a su cargo organizaría seminarios privados bajo el título de “Keynes en el siglo XXI”(8). Evidentemente existe en el mundo una corriente doctrinaria tendiente a restaurar el antiguo modelo del Estado de bienestar, con el agregado de algunas contribuciones keynesianas. Por razones explicables ello se expresa a través de un clamor que estalla en los países de desarrollo limitado o intermedio.


Hacia una sociología de los intelectuales de la política, el derecho, la economía y el pensamiento social

Una sociología de los intelectuales, en su más amplia expresión, al estilo de Max Weber y de Tomás Maldonado, puede mostrarnos en las sociedades actuales  especializaciones como la del economista, el jurista, el sociólogo, el politólogo y el estudioso del pensamiento social. Maldonado llega más lejos, pues apunta a una sociología de la ciencia y de la técnica y hasta a una sociología de los partidos políticos (9).
                
Tal sociología está unida en algunos casos a un método estrictamente interdisciplinario. El ejemplo más saliente es el referido a la relación entre la economía y el derecho, como lo revela la historia que sobre el particular se ha vivido durante la última centuria y que en parte hemos visto al principio de este trabajo.
                
La formulación de nuevas políticas económicas ha implicado un reconocimiento progresista del intervencionismo estatal en los procesos económicos. Dichas políticas han sido sometidas a metodologías originales, lo cual ha permitido desplazar antiguas concepciones doctrinarias y teóricas en aras de adecuar las instituciones tradicionales a los nuevos tiempos. Hemos visto cómo introducir ideas como la de desarrollo y estructura tomadas de las humanidades  ha significado adoptar nuevos enfoques racionales en el campo de las ciencias sociales y, en particular, de la economía.
                
En este sentido el aporte probablemente más importante prestado a la ciencia social por la política ha sido el reconocimiento de los derechos humanos. En 1948, las Naciones Unidas proclamaron, en un documento trascendental, los derechos esenciales del hombre.
                
Aparecida en momentos en que doctrinarios sociales y filósofos enaltecen los principios de la Modernidad, se presenta en el campo de sus estudios la llamada rama de las Ciencias Humanas o Antropología Filosófica. La apelación elegida se debió a que se adjudicó a las ciencias económicas y jurídicas su propia fundamentación sociológica y filosófica, lo que antes era cuestión encarada por la filosofía.
                
Son muchos los nombres de quienes han contribuido al estudio de la nueva rama científica como los antes recordados, J. Habermas y J. Piaget, a los que pueden agregarse los de M. Landman, B. Groethuysen, A. Gehlen y C. Lévi Strauss.
                
La nueva disciplina ha brindado argumentos para justificar el desplazamiento del eje doctrinario de la ciencia económica: ahora, algunos afirman que el eje es el hombre, su calidad de vida, en lugar del antiguo concepto liberal de fijarlo en la lógica de la ganancia y  su maximización.
Evidentemente, es cada vez más importante una severa formación cultural en quienes se dediquen a investigar sobre estas novísimas aportaciones referidas a la ciencia económica. Ella es también necesaria en los hombres dedicados a la acción pública.
               

Al intelectual argentino de la ciencia social. El pasado nos contempla.
               
La identidad nacional es el resultado de un cúmulo de manifestaciones espirituales y culturales de un país. La Argentina se ha distinguido por un elevado grado de capacidad intelectual de sus creadores en la ciencia, en la técnica y en las distintas expresiones del arte y por la confiabilidad que inspiran sus profesionales en las distintas ramas de la actividad general.
                
A lo largo de su historia, el país ha tenido políticos probos que dirigieron los negocios públicos con eficacia administrativa e independencia. La relación de mandante y mandatario tuvo vigencia en la acción política, tanto en los efectos jurídicos como éticos.
                
Esta fue una condición establecida y cumplida por todos los cuadros de gobierno en las décadas en las que se consolidó la unión nacional por medio de la Constitución de 1853. La generación de gobernantes de la segunda parte del siglo XIX produjo una revolución institucional que se reflejó en el progreso cultural y económico del país. Por conocidos no hace falta recordar a los prohombres que sentaron las bases de un Estado moderno en el país. Algunos de ellos, además, se destacaron por su maestría en el manejo del idioma, producto de una vocación que los condujo muchas veces a la literatura en sus variadas manifestaciones.
                
En esos tiempos hubo sinceridad en la palabra de los políticos, lo cual se transmitía a los mandantes. Se creaba un clima de idealismo colectivo y se erigían metas a veces utópicas aunque impulsoras de la dinámica social. Se honraban las investiduras y ello confería una auténtica autoridad a los funcionarios.
                
Después de tantos quebrantos sufridos en años recientes en nuestro accionar político, es hora de volver la vista a la obra de aquellos patricios beneméritos. Ellos dieron un significado excelso al vocablo patriotismo tan desmedrado u olvidado por gobernantes corruptos o simplemente incapaces para asumir funciones de gobierno.
                
No sólo habrá que prepararse para un cambio de las costumbres políticas de dirigentes y afiliados de los partidos políticos, sino también del ciudadano en general. Podría intentarse para ese fin una fórmula como la siguiente: “El ciudadano y el político deben estar comprometidos a apoyar un Estado democrático y de naturaleza civil, ideológicamente pluralista y con facultades de regulación sobre el proceso económico-social y en el que el interés público prevalezca sobre el interés privado en los casos en que se produce un mutuo enfrentamiento.

En la reforma cultural en ciernes habrá que dar a la crítica un lugar preferente en las universidades y centros de investigación superior. Ella ha sufrido una caída visible en décadas recientes. Es justo señalar que no sólo ha sucedido en el país, sino también en otras latitudes. El sociólogo francés Pierre Bourdieu ha dejado al final de su vida un conjunto de ensayos sobre grandes temas de nuestro tiempo(10); en uno de ellos titulado Instituer efficacement l’attitude critique comienza por reconocer el lugar que ocupa Michel Foucault en el análisis sobre el intelectual-crítico, cuando formula preguntas como la siguiente: “¿Es posible conciliar la investigación crítica con la acción política?”. Bourdieu consideraba ejemplar la conducta de dicho filósofo al no estar al servicio de ninguna fuerza política, ni de derecha ni de izquierda.

Terminemos estas líneas revelando la importancia que le atribuyó a la crítica un patriota nuestro, Esteban Echeverría cuando decía: “... nuestra misión es esencialmente crítica porque la crítica es el gran instrumento de la razón” (11).






(1) Werner Jaeger, Paideia griega, los ideales de la cultura griega,  Ed. Fondo de Cultura Económica, 2ª reimpresión, México, 1968.
(2) W. Jaeger, op. cit., p. 753.
(3) Sobre santo Tomás de Aquino puede leerse la breve y excelente nota de la Enciclopedia Columbia. N.Y., 1967.
(4) La primera obra la tituló The theory of moral sentiments  (1759) y la segunda The wealth of nations.(1776)
(5) Hewart of Bury, Lord, The new despotism, London, Ed. Benn., 1929, 1ª  reimpresión 1945.
(6) Ha sido traducido y publicado por nosotros como Apéndice de nuestro libro Introducción al estudio del derecho público anglosajón, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1947.
(7) Cf. F. Harrod, Towards a dynamic economics, London, 1956, Ed. Macmillan.
(8) Cf. Comercio Exterior, Publicación Banco Nacional de Comercio Exterior de México (diciembre 2000 y enero 2001) y muestra nota publicada en Realidad Económica, Bs. As., Nª 182(30-9-2001) titulada El resurgimiento del pensamiento keynesiano y otras consideraciones actuales.
(9) Tomás Maldonado, ¿Qué es un intelectual?, aventura y desventura de un rol. Buenos Aires, 1ª edición, Ed. Paidós, pp. 42-43, donde abre capítulo sobre la sociología de los intelectuales.
(10) Pierre Bourdieu, Interventions (1961-2001). Science politique et action politique, textos escogidos por F. Poupeau & Th. Discepolo, París, 2001, Ed. Aragon.
(11) Cita que encabeza el libro de Héctor P. Agosti, Ed. Futuro, Bs. As., 1951.

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNBA).
Profesor Titular de Política Económica en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata, Litoral y Lomas de Zamora. Autor de diversas publicaciones de la especialidad.